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El Poder Judicial bajo el ojo público

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    Internationally
  • 20 feb 2023
  • 6 Min. de lectura

Por Paloma Alonso -


La aparición sistemática del Poder Judicial en los medios de comunicación, lejos de proyectar la imagen ideal de un magistrado imparcial que vela por el cumplimiento de la ley, ha dado lugar a un cuestionamiento incisivo hacia las motivaciones de las decisiones judiciales. Puntualmente, su mención constante en encrucijadas de tipo político-partidarias, ha llevado a partir aguas a la hora de analizar sus disposiciones. Esto no solo por parte de las regulares fuentes de análisis político y social, sino también dentro de la propia ciudadanía.


En criollo, se ha vuelto moneda corriente pensar en los magistrados como una suerte de elite política disfrazada, como un “partido judicial” (1) o, utilizando una expresión muy repetida por analistas, politicians in robes (2). Si los miembros del Poder Judicial dejan de ser percibidos como defensores de la letra de la ley, y el discurso más difundido no hace más que reiterar y hacer hincapié en la turbidez del accionar judicial, ¿qué esperamos que suceda con la visión ciudadana de las instituciones democráticas? ¿Cuál será la confianza en su autoridad?


Análisis dedicados a la imagen pública de la Corte Suprema, en particular, y el Poder Judicial, en general, han señalado dos clases de apoyo de la ciudadanía hacia esta rama de gobierno: por un lado, el apoyo específico, que refiere a la satisfacción de las personas con los resultados de las decisiones judiciales y, por otro lado, el apoyo difuso, es decir, la legitimidad percibida de esta institución, una clase de apoyo que depende fundamentalmente de principios políticos (3).


Acerca de este último, numerosos estudios han coincidido en señalar que depende de una suerte de creencia en que los magistrados toman decisiones de manera imparcial y legalista (3). Por supuesto, y en concordancia con el correcto funcionamiento de los frenos y contrapesos, esto no implica el aislamiento del Poder Judicial respecto de las demás ramas de gobierno. Más concretamente, refiere al ejercicio de las funciones judiciales guiado por principios legales que respetan la correspondiente división de poderes.


Habiendo resumido (muy sintéticamente) los conceptos que permiten abordar el problema, a continuación, vale mirar un poco la realidad imperante. Aunque sin ser novedad en la historia argentina, en los últimos años los conflictos de jueces y juezas con miembros de partidos políticos o funcionarios del gobierno han aumentado su visibilidad y repercusión en la opinión pública de forma, podríamos decir, exponencial. Sin ir más lejos, y por mencionar algunos de los ejemplos más recientes, a comienzos de este año, el presidente, Alberto Fernández, formalizó la petición de juicio político a Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (4).


Aquella acción se dio a conocer tras el fallo emitido en la causa por los fondos de coparticipación que resultaba favorable hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), administrada por Horacio Rodríguez Larreta. En este contexto, Fernández aseveró que, en los últimos tiempos, había percibido "un avance inadmisible del Poder Judicial de la Nación sobre los otros poderes de la Argentina" y un “vínculo escandaloso entre parte de la política y la Justicia"(5). Por su parte, legisladores de la oposición caracterizaron la decisión del presidente como si se tratara de una movida política, caracterizándola de “vergüenza”, un “apriete infame” y una “mancha histórica”(6).


Como si lo anterior no dejara en claro las tensiones existentes entre la política y la justicia, el 2022 también finalizó con una serie de eventos que alimentó la discusión en la esfera pública. Primeramente, podemos referirnos a la condena de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos impulsada por el Tribunal Oral Federal N° 2 hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (7), acción que desató fuertes cuestionamientos, no solo dentro de la élite política, sino también en la ciudadanía. Sumado a lo anterior, en diciembre del año pasado, el Gobierno Nacional denunció, entre otros, a un conjunto de jueces federales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas (8). El presunto mal desempeño de los involucrados (tras realizar un viaje a Lago Escondido que habría sido financiado por miembros de grupos económicos) (9) y los denunciados vínculos mantenidos entre la justicia y personalidades públicas externas (10) no hace más que avivar esta imagen de un Poder Judicial estrechamente vinculado con sectores con poder políticamente orientados (incluso generando, podríamos agregar, una grieta partidaria dentro de los tribunales de justicia).


El panorama al que nos referimos nos ofrece, como puede intuirse, un escenario poco alentador. Si, como señalan los análisis mencionados, la legitimidad percibida o apoyo difuso hacia el Poder Judicial descansa en que la ciudadanía confíe en que los jueces y juezas actuarán de forma legalista e imparcial, ¿cómo esperamos que esta clase de apoyo se sostenga cuando la figura de los funcionarios judiciales no hace más que desdibujarse con aquella de actores con intereses político-partidarios? Adicionalmente, si la satisfacción con las decisiones judiciales en casos explícitamente asociados a miembros de la elite política depende de las predisposiciones partidarias de cada sujeto, ¿qué esperamos que tenga más peso: la defensa de la democracia o el efecto que las disposiciones judiciales tengan sobre su partido de preferencia?


La difusión y el posterior arraigamiento de la imagen del Poder Judicial como un partido más en la lucha de intereses políticos podrían desvirtuar, entonces, la imagen legalista de los magistrados que, supuestamente, sostiene su legitimidad pública. En consecuencia, podríamos estar observando la evolución de la desconfianza pública, que ya existe hacia otras ramas de gobierno, y el paulatino deterioro del respeto popular hacia la autoridad de esta institución, uno de los pilares cruciales de la democracia.


Ahora bien, también es posible rescatar ciertos aspectos positivos que, de aprovecharse, podrían conducir a cambios enriquecedores, no solo en Argentina sino en todos aquellos países que hoy en día atraviesan situaciones similares. En primer lugar (y, nuevamente, sin ser novedad), el escrutinio constante del ejercicio de todas las ramas de gobierno resulta fundamental para detener aquellas acciones que resulten perjudiciales para el correcto funcionamiento de la democracia. Con ello, la transparencia ante la sociedad acerca de los fundamentos que guían las idas y vueltas entre cada uno de los poderes, y los motivos por los cuales se castigan o detienen ciertas acciones, podría conducir a mayor información en manos de las personas para comprender y participar de la vigilancia democrática.


Claro está, lo anterior dependerá de la fiabilidad de los datos expuestos, la claridad con la que se expongan al público y la lucha contra las fake news que pueden surgir en tal contexto. El surgimiento de medios y fuentes de información que esclarezcan (sin intenciones partidarias) los hechos podrían, en última instancia, facilitar el escrutinio público de la situación. Sorteando tales barreras, el creciente interés en el Poder Judicial podría invitar a un mayor conocimiento público de cómo deberían funcionar los engranajes del sistema democrático, así como también los fundamentos de ello.


Finalmente, también es preciso reiterar que esta situación no se evidencia únicamente en Argentina, sino que ha sido experimentada, a veces con gran intensidad, por otros países del mundo. Esto podría llamar a quienes se dedican al análisis político-social a poner el foco en patrones que conduzcan a esta clase de comportamiento por parte de los actores, sus potenciales efectos y, eventualmente, posibles vías de acción para construir un escenario democrático en el que la voz del pueblo participe, se involucre y permita que las decisiones se arraiguen a las normas democráticas.



(2) National Constitution Center – 5/5/2015 - Are judges simply ‘politicians in robes’? | Constitution Center

(3) Ver por ejemplo:

a. Bartels, B. & Johnston, C. (2013). On the Ideological Foundations of Supreme Court Legitimacy in the American Public. American Journal of Political Science, 57(1), pp. 184–199

b. Gibson, J. Caldeira, G. & Spence, L. K. (2003). Measuring Attitudes toward the United States Supreme Court. American Journal of Political Science, 47(2), pp. 354-367

c. Gibson, J. L. & Caldeira, G. A. (1992). The etiology of public support for the Supreme Court. American journal of political science 36(3), pp. 635-664

d. Grosskopf, A. & Mondak, J. (1998). Do Attitudes toward Specific Supreme Court Decisions Matter? The Impact of Webster and Texas v. Johnson on Public Confidence in the Supreme Court. Political Research Quarterly, 51(3), pp. 633-654

e. Gibson, J. L. (2007). The legitimacy of the US Supreme Court in a polarized polity. Journal of empirical legal studies, 4(3), pp. 507-538

f. Christenson, D. & Glick, D. (2014). Chief Justice Roberts’s Health Care Decision Disrobed: The Microfoundations of the Supreme Court’s Legitimacy. American Journal of Political Science, 59(2), pp. 403-418

g. Scheb II, J. & Lyons, W. (2000). The Myth of Legality and Public Evaluation of the Supreme Court. Pocial Science Quarterly, 81(4), pp. 928-940

(7) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Derechos Humanos – 06/12/2022 - https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-condena-la-vicepresidenta-cristina-fernandez-de-kirchner-constituye-un-ataque-al-proceso

(8) Presidencia de la Nación, Secretaría de Comunicación y Prensa, Comunicados – 07/12/2022 - https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-gobierno-nacional-denuncio-los-jueces-federales-al-ceo-del-grupo-clarin-y-otros


Foto: Corte Suprema de Justicia de la Nación

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